Oscar Martinez comenta el Plan Economico del Gobierno Nacional

Bienvenidos al plan económico: ver qué hacer con la deuda pública en moneda extranjera

Mientras los ajenos sostienen que no hay un «Plan Económico», los propios aseguran que sí. En su gira europea, Alberto Fernández dijo que tenían uno, pero que no lo daría a conocer. Hace pocos días, dijo que había dos: el «A» y el «B». Sin explicar qué significan las letras y de qué se trata cada uno.

Lo que sí se sabe es que un tema domina la agenda económica oficial: la deuda pública en moneda extranjera. Y un concepto casi ideológico marca el discurso del ministro del área, aunque él no lo crea: la dominancia fiscal. La definición sobre la sustentabilidad de la deuda pasa exclusivamente por lo fiscal.

‎El razonamiento suena lógico: sin superávit en las cuentas públicas, lo que comenzaría a suceder en 2023, según anticipó Martín Guzmán, es imposible tener el dinero suficiente para comprar los dólares necesarios para el pago de la deuda. Endeudarse no es opción, así que los recursos deberían ser generados de manera endógena. Y para lograr esos fondos, es necesario que la economía crezca o, aunque más no sea que deje de caer.

‎Sin embargo, esos conceptos, casi el único plan en el que parece trabajar Economía, y el discurso de crecer primero para poder pagar después, queda relegado en los hechos por la suba de impuestos incluída en la ley de supuesta Solidaridad y el congelamiento, e incluso la derogación de variopintos pactos fiscales firmados para acotar la sofocante presión fiscal. Subir los impuestos es una de las mejores medicinas para evitar el crecimiento. Y no sólo el consumo, sino también la inversión.

‎La otra pata de la dominancia fiscal es el mecanismo -alguno, cualquiera, el que fuera- para podar un gasto público infinanciable. Hasta ahora, lo más significativo fue el recorte (ya que no gusta la palabra «ajuste») en las jubilaciones al derogar el mecanismo de actualización. Un dato llamativo: con esta política de sumas fijas, selectivas y arbitrarias, anunciadas por el Presidente como un favor personal, se podrían ahorrar unos $100.000 millones al año. La misma suma que pensaba ajustar (recortar) el gobierno de Mauricio Macri con la ley previsional de diciembre de 2017, votada en medio del «Combate de los Dos Congresos», que incluía el mecanismo de actualización y que dejaba en el camino los aumentos de un trimestre.

‎Detalles al margen, lo real es que faltan pocos días para que comience formalmente el proceso de renegociación de la deuda. Y hasta ahora la única certeza es que recién en 2023 habría equilibrio fiscal y que la picardía criolla se reflejaría en recostarse bajo la sombra de un potencial acuerdo con el FMI (a pesar de pedir recortes inrecortables al organismo y de librar una guerra verbal para la tribuna) encabezado por una «reformista» Kristalina Georgieva, para renegociar con los acreedores privados.

‎La propuesta a los bonistas gira en torno a: quita de capital, poda de intereses, extensión de plazos de vencimiento de capital e intereses, títulos a medida y otros beneficios por el crecimiento económico. Como plato único o mezclas de diversas proporciones, este parece ser el mix de elementos para cocinar la renegociación.

‎Pero en medio de esta dominancia que envidiarían los ortodoxos, hasta ahora, el grueso de la política económica oficial parece limitarse a medidas aisladas y, hasta cierto punto, contradictorias. Por caso: usar el dólar y las tarifas como anclas antiinflacionarios tiene fecha fija. ¿Y después? Cuando venzan los 180 días solidarios, ¿qué pasará con el dólar? ¿Si suben las tarifas, subirán los subsidios? ¿Actualizar el dólar para reflejar la inflación, no se reflejará en más inflación? ¿Mantener el actual tipo de cambio, no afectará las exportaciones, única forma de tener divisas propias? ¿Mantener la actual presión impositiva, no generará más evasión o elusión fiscal?

‎Lo más relevante para el sector productivo fue la baja de tasas, nuevas líneas de crédito (que se usan para cancelar préstamos más caros) y la moratoria de la AFIP. Todas medidas necesarias. Pero no suficientes.

‎En la vereda de los consumidores, el gobierno le puso «plata en el bolsillo» a la gente mediante una confusa, e incluso discriminatoria, política de bonos, aumentos a cuenta, sumas de dinero por una única vez y también para siempre. Desde otro ángulo, relanzó la campaña de Precios Cuidados, un pedido incluso de los empresarios para intentar recuperar ventas. Y, finalmente, el regreso con gloria de las 6, 12 y hasta 18 cuotas sin interés, el hit del verano. También se lanzó la tarjeta Aliment.AR, y habría reintegros para compras de los jubilados que cobran menos. En todo caso, claramente medidas necesarias, pero no suficientes.

‎En medio, valdría la pena preguntarse si existe algún tipo de instrumento, o conjunto de medidas, algo para pensar, lo que fuera o fuese, contra la inflación. Hasta ahora, la definición más tajante del Presidente y de un connotado, y combativo, dirigente gremial fue torpedear las cláusulas de actualización en los salarios «porque generan expectativas inflacionarias».

‎Todo está tapado por la emergencia, real y peligrosa, de la deuda. Hasta ahora, hubo dos movimientos: se pagaron acreencias en dólares y se «reperfiló» (default para los amigos) vencimientos en pesos. Es decir, todo lo contrario a lo que se vino diciendo.

‎Y esto, finalmente, abre otra posibilidad. Quizás, nada de lo que dice públicamente el gobierno es real. Todas las medidas que suenan como improvisadas o contradictorias con el discurso electoral son parte de una brillante maniobra táctica para despistar a los acreedores. El verdadero plan no es el A ni el B. Sin letra por ahora, existir, existe.

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